Los diarios porteños establecieron una desopilante trama de crónicas del desencuentro fraternal generado por la empresa Uber, facilitadora de un sistema de transporte que beneficia a viajeros y desgaja el orden laboral de personas que se sientan al volante para ganar algún dinero llevando a otras personas.
LN arrancó hace unas 48 horas con una liviana observación: Uber convocó a choferes para lanzarse en la ciudad. Todavía no hay fecha para la llegada; la normativa local no prevé contratar autos mediante una app
Ya ayer, Clarín se jactó de conocer resultados de antemano, remarcando que como era de esperarse, la guerra no tardó en explotar. Es que Uber, la aplicación para pedir viajes con el celular, anunció que comenzará a contratar choferes para empezar a operar en Buenos Aires. Y esta mañana, el titular del gremio de conductores de taxis de la Ciudad, Omar Viviani, advirtió que se oponen al desembarco de Uber y aseguró que no lo van a permitir «bajo ningún concepto».
El aviso de búsqueda de candidatos fue publicado ayer en el perfil de Uber Argentina en Facebook, donde se dan detalles de cómo postularse. Uber aún no explicó en qué momento comenzará a funcionar, pero la aplicación ya está disponible para ser descargada al celular.
Creada en 2009 en Estados Unidos, Uber es una aplicación móvil que permite con el teléfono pedir un viaje con un conductor particular y pagar con tarjeta de crédito, sin necesidad de utilizar efectivo y con tarifas menores a las de los servicios convencionales de taxi.
Los taxistas porteños consideran a Uber «competencia desleal».
El sistema usa la ubicación GPS del teléfono y la de los conductores disponibles y asigna automáticamente al auto más cercano. Para ser parte de la empresa, los conductores no precisan tener la licencia de taxi, como ocurre con el servicio convencional. Y ya provocó fuertes reacciones de gremios de taxistas en varias ciudades del mundo.
«Como esto es todo tecnología, ahora han contratado algunos CEO para ver si lo arman. Pero con nosotros van a tener inconvenientes porque no lo vamos a permitir bajo ningún concepto», aseguró hoy Viviani en declaraciones radiales.
El lema, según publicó el diario La Nación, que parece más sindicalista que el propio Viviani, reza: «Salir primero y después regular». En otro pasaje de genial laberintismo señala: «Sin tarjeta ni billetera, sólo con el celular». Sí, papá! esa es la clave!
Clarín, viboreante ante tanta puja de intereses, parece haberse puesto objetivo. Dice: «En Montevideo lo resisten y aún funciona sin regulación». El periódico titula como si del tema regulaciones fuese una autoridad. Rescata que la aplicación móvil Uber, a través de la que se solicitan viajes con conductores particulares, empezó a utilizarse en Montevideo el 19 de noviembre de 2015. Pero para poder dar inicio a las operaciones debió transitar un camino que no estuvo exento de dificultades, porque padeció fuertes críticas fundamentalmente del gremio del taxi –y también, aunque en menor medida, del trasporte colectivo– que, al sentir “amenazada la fuente laboral”, protagonizó algunas acciones que implícitamente conllevaron violencia. Por ejemplo, en la primera semana de enero, un grupo de 40 taximetristas, entre los que se encontraba el presidente de la gremial, detuvieron a una camioneta con representantes de Uber quienes, según la empresa estadounidense, sufrieron “ataques físicos y verbales”.
Pero Uber, de alguna manera, también vino a poner en tela de juicio las dificultades y carencias (limpieza, frecuencias, recorridos) del transporte público en la capital uruguaya, tal como lo dejó claramente plasmada una encuesta contratada en octubre del año pasado por la Intendencia de Montevideo en el que el 39% de la población dijo que el transporte es “malo o muy malo” y solo un 30% de los sondeados, consideró que el servicios de colectivos es “bueno” o “muy bueno”, que resultó ser la más baja aceptación desde febrero de 2009.
Lo cierto es que, desde hace cinco meses, y tras varias marcas y contramarchas, Uber sigue funcionando porque no hay todavía una normativa clara al respecto. Clarín intentó comunicarse con Ernesto Beltrame, Director de la División Asesoría Jurídica de la Intendencia de Montevideo, pero no logró, tras varios intentos, contactarlo.