Bancaria: Lo peor de todo un siglo

Caso Juan José Zanola: Medicamentos Adulterados y una Condena Controvertida

Juan José Zanola, quien fue secretario general de la Asociación Bancaria por más de 20 años, quedó en el centro de uno de los mayores escándalos de salud pública del país en 2009. Zanola fue investigado y, posteriormente, condenado por su presunta participación en una red de venta de medicamentos adulterados, un caso que impactó tanto al sistema de salud como al sindicalismo en general.

El escándalo estalló cuando se descubrió que la droguería San Javier y otras empresas farmacéuticas vinculadas al sindicalista distribuían medicamentos falsificados. Estos productos, que incluían tratamientos de alta complejidad como hemoderivados y medicamentos para pacientes oncológicos, ponían en riesgo la vida de miles de personas. Las investigaciones revelaron que los medicamentos adulterados eran adquiridos y distribuidos incluso en hospitales y obras sociales, en muchos casos con el conocimiento o complicidad de funcionarios y sindicalistas.

Zanola, dirigente de extracción peronista y con un estilo de gestión caracterizado por su férreo control sobre el gremio, fue acusado de integrar esta red y de aprovechar su posición de poder dentro de la Asociación Bancaria para encubrir y facilitar estas prácticas. En 2009, fue detenido junto con su pareja, Paula Aballay, quien también estaba implicada en el caso.

La condena a Zanola trajo un profundo descrédito a la Asociación Bancaria, afectando la imagen del gremio y generando indignación entre los afiliados, quienes se sintieron avergonzados y traicionados por la gestión. Este episodio fue un punto de quiebre para el sindicato, que años después elegiría a Sergio Palazzo, de perfil distinto, para reconstruir su credibilidad y recuperar la confianza de sus miembros.

Juan José Zanola, ex secretario general de la Asociación Bancaria, pasó varios años en prisión preventiva luego de ser arrestado en 2009 por su implicación en la red de medicamentos adulterados. Este caso, uno de los mayores escándalos en la salud pública argentina, lo involucraba en la distribución de medicamentos falsificados, lo que puso en riesgo la vida de cientos de pacientes, especialmente aquellos que dependían de tratamientos de alta complejidad.

Después de varios años de prisión preventiva y sin una sentencia firme, en 2014, la justicia le concedió a Zanola la excarcelación, un fallo que generó polémica y fue recibido con indignación por muchos. La decisión se basó en consideraciones sobre su estado de salud, ya que en ese momento el ex líder sindical padecía problemas cardíacos y otros problemas médicos, argumentos que su defensa utilizó para solicitar la liberación bajo fianza.

La fianza, sin embargo, no estuvo exenta de controversia. Para obtener la excarcelación, Zanola debía reunir una suma considerable de dinero, lo que generó preguntas sobre el origen de los fondos. Su entorno manejó versiones contradictorias sobre la procedencia de los recursos para cubrir la fianza, ya que existían sospechas de que los fondos podrían provenir de redes de influencia en el sindicato. La falta de transparencia en el pago de la fianza añadió una capa de duda sobre el proceso judicial y el apoyo político que podía tener Zanola en ciertos círculos.

Durante el proceso, Zanola y su defensa protagonizaron múltiples enfrentamientos con el juez Norberto Oyarbide, quien estaba a cargo de la causa. Oyarbide, cuestionado por donde se lo mire y a menudo vinculado a causas de alta exposición mediática y política, fue acusado de parcialidad por el sindicalismo y de utilizar la causa de Zanola como una herramienta política.

Oyarbide sostuvo una postura firme contra Zanola, pero la relación entre ambos fue sumamente tensa, lo que derivó en varias solicitudes de recusación por parte de los abogados de Zanola. Estos alegaban que Oyarbide actuaba motivado por intereses externos y que no garantizaba un juicio justo. Aunque las recusaciones no prosperaron, este enfrentamiento contribuyó a la prolongación del proceso y a que el caso se mantuviera en el centro de la escena política y mediática.

La excarcelación de Zanola dejó profundas divisiones dentro de la Asociación Bancaria. Muchos de sus afiliados consideraron que el episodio de los medicamentos adulterados fue una mancha difícil de borrar para el gremio y presionaron para que Zanola se mantuviera alejado de la organización. Esta etapa oscura incentivó el cambio de liderazgo, dando paso a la elección de Sergio Palazzo, quien se propuso recuperar la credibilidad del sindicato y distanciarse del estilo de gestión de Zanola.

El escándalo de los medicamentos adulterados del Policlínico Bancario, bajo el control del tándem Zanola-Aballay, fue como una canción de Shakira: «Después de tí, la pared».

Hablamos de uno de los episodios más oscuros en la historia del sindicalismo argentino. Más allá de sus excentricidades, la investigación del juez Oyarbide destapó una compleja red de irregularidades y corrupción. El Policlínico Bancario (POBA) jamás debió correrse de su rol de  de atención médica para los afiliados bancarios. Pero lo ensuciaron y lo convirtieron en un foco de actividades ilícitas.

Que a un centro médico sea relacionado con el negocio de los medicamentos falsificados resultó muy difícil de digerir. En este caso también se vinculó a personajes y episodios oscuros de la mafia de la efedrina, como el triple crimen de General Rodríguez y presuntos nexos con la política.

La magnitud de este escándalo se volvió aún más inquietante al revelar cómo el POBA, dirigido en la sombra por Aballay, funcionaba prácticamente como un feudo personal. Testimonios reportan que Aballay manejaba el policlínico con prácticas extorsivas, desde la recaudación del estacionamiento y el kiosco hasta la confiscación de revistas y diarios que informaban sobre el caso de los medicamentos falsificados. Estas acciones mostraban la impunidad con la que operaba dentro del centro médico, en un intento de ocultar la crisis que afectaba directamente a los pacientes de la obra social.

Además de la corrupción, las consecuencias humanas fueron devastadoras. Casos como el de Mirta Bentos, quien perdió a dos hijos debido a la interrupción en la entrega de medicamentos críticos, y Juan Carlos Barrentos, paciente trasplantado al que se le suspendió el tratamiento, reflejan el sufrimiento de miles de personas en manos de una estructura corrupta. Barrentos incluso reveló la presencia de médicos sin matrícula en el policlínico, lo que agravaba el desamparo de los pacientes.

El caso de Zanola no solo dejó al descubierto la corrupción en un sector sindical, sino que también cuestionó el funcionamiento de los organismos de control como la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que acumulaba miles de denuncias sin respuesta efectiva. La impunidad con la que operaba esta red en el corazón de la atención médica de un gremio tan importante como La Bancaria dejó un mensaje claro: la combinación de poder sindical y prácticas mafiosas puede generar un nivel de corrupción que no solo desangra las arcas de la salud pública, sino que afecta de manera directa y trágica la vida de los ciudadanos.