El nuevo requisito impuesto a los administradores de consorcios parece un avance en términos de transparencia, pero su impacto real dependerá de cómo los vecinos se apropien de la información. No es lo mismo tener acceso a un reglamento que comprenderlo y la burocracia de los consorcios no siempre facilita la participación activa de los propietarios.
Si bien la digitalización del acceso a estos documentos es una solución práctica, no resuelve el problema de fondo: muchos consorcistas desconocen sus derechos o no cuentan con instancias efectivas para hacerlos valer. El paso de calidad será convertir esta obligación administrativa en una herramienta que -que más no sea- empodere a los vecinos y no en otro trámite más que pase desapercibido entre facturas y liquidaciones.
Las quejas contra administradores de consorcios no son nuevas ni exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires. Es un problema que también se sufre en Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, San Miguel de Tucumán, Santa Fé, Paraná, Corrientes, Rawson, Junín, localidades del AMBA, Bariloche, Neuquén, San Salvador de Jujuy, Río Gallegos, San Juan y La Rioja. De hecho, no es necesario que la ciudad sea demasiado grande para que el problema de las administraciones de consorcios se impongan.
De todos modos, en otras grandes urbes como Madrid o São Paulo, reglamentaron medidas similares para mejorar la gestión de edificios, aunque con resultados diversos. En España, por ejemplo y según una estadística, en algunas comunidades se está imponiendo la autogestión para evitar sobrecostos y conflictos con administradores. El caso del Brasil es que se fortalecieron -como en varios estados de los Estados Unidos- los mecanismos de auditoría externa.
En Buenos Aires, la principal dificultad sigue siendo la fiscalización. La Ley 941 establece la obligatoriedad de la matrícula para los administradores y la supervisión de su labor, pero en la práctica, los controles son insuficientes. Si bien la nueva disposición suma un paso más hacia la transparencia, sin un sistema de monitoreo efectivo, seguirá dependiendo de la voluntad de los vecinos denunciar irregularidades.
Al final del día, la clave no es solo recibir documentos, sino contar con mecanismos ágiles y eficaces para exigir su cumplimiento. Mientras éstos sigan siendo deficientes, las promesas de transparencia quedarán en el papel. Será un tema para seguir de cerca, ya que afecta a más de 300.000 consorcios.
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