¿Cuál es el objetivo de que la Ciudad de Buenos Aires «se haga cargo» de 31 líneas de colectivos si, al mimo tiempo, permite la desaparición de líneas, como la Línea 6 y la reducción de otras hasta dejarlas en virtual estado de inactividad, como es el caso de la Línea 23?
El traspaso de esos servicios a la Ciudad implica asumir el control tarifario y operativo, aunque ese soporte no garantiza la preservación de todas las líneas existentes, especialmente en un contexto de ajuste y reconfiguración del sistema de transporte.
Desde la perspectiva de las personas usuarias y del funcionamiento urbano, por ahora se observa que el traspaso de las líneas de colectivos a la órbita de CABA hizo que el gobierno porteño tenga potestad directa sobre recorridos, frecuencias y tarifas de las líneas que circulan exclusivamente dentro de la capital.
Ya es conocido que esto responde a un acuerdo con el Gobierno nacional, que dejó de subsidiar esas líneas como parte de un plan de recorte de gastos. Sin embargo, este nuevo esquema también implica que la Ciudad debe administrar los recursos disponibles con criterios de eficiencia. Algunas líneas como la «6» fueron eliminadas, y su recorrido parcialmente absorbido por ramales de otras líneas, como la 50. Otras, como la Línea 23, han visto reducida su frecuencia hasta quedar prácticamente inactivas. Esto genera una paradoja: mientras se habla de autonomía y mejora del servicio, en la práctica se recortan opciones de movilidad para ciertos barrios y usuarios.
La poda de bondis que afectan al barrio de San Cristóbal es histórica, rítmica y condenatoria: desde 1970 al área de Av. Entre Ríos, Av. San Juan, Av Independencia y la Av. Jujuy se le quitaron las líneas 6, 27, 48, 69, 139 y 149. Aparte, el servicio de la línea 96 se empequeñeció en una proporción sin precedentes.
Hablar de cómo estos cambios realizados fría y deportivamente afectan negativamente a quienes dependen del transporte público para su vida cotidiana, nos hace sentir vergüenza ajena por tantos funcionarios involucrados en esta auténtica inundación de desidia.
La lógica detrás de estas decisiones parece estar más vinculada a la reorganización del sistema que a su expansión. Si la lógica del traspaso sólo se queda con que la Ciudad define qué líneas considera viables, ya sabemos que habrá problemas. No porque sea la ciudad sino porque es «la política» la que define la política de transportes. Y ya hemos expresado hasta el cansancio que quienes nunca viajan en colectivo no saben nada de colectivos. Es más, no deberían se habilitados no para sugerir una parada. Es más aún: constitucionalmente, no deberían tener derecho a opinar sobre el particular, ni siquiera cuando se los vota masivamente y ganan elecciones.
Cuando se discontinúa una línea por superposición de recorridos, aunque nunca esa coincidencia es completa, todos podemos ponernos de acuerdo. Pero cuando se trata de desatar la sangría de líneas por baja demanda, volvemos a la histórica polémica contra quienes consideran que todo lo que hace el Estado debe tener una media de rentabilidad o un piso de sostén financiero y evitan medir por dónde debe subsidiarse al 100% un servicio, salvo que se trate de sus propios salarios.
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