El Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional surge como consecuencia de la masacre de Budge de 1987 y las imperdonables irregularidades subsiguientes que dejaron a los criminales cumplir sus condenas a medias.
Deberíamos revisar con lupa el camino recorrido en la construcción de una sociedad que habríamos querido que fuera más justa, reconocer los errores que cometimos y mirarnos entre todos para ver si todos aceptan hacer su propio mea culpa. Y acerca del compromiso real con los derechos humanos -en particular en el ámbito de la actuación policial- si no nos despojamos de los clichés ideológicos, jamás daremos el paso definitivo hacia una sociedad que pueda manejarse con la certeza de que, entre compatriotas, se garantizará la mutua seguridad e integridad.
Cada 8 de mayo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, instituido por la Ley N° 26.811 en 2013, en memoria de la Masacre de Budge. El objetivo de esta conmemoración es recordar las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por fuerzas de seguridad y promover políticas públicas en materia de seguridad que respeten los derechos humanos.
La Masacre de Budge ocurrió el 8 de mayo de 1987, cuando tres jóvenes —Agustín Olivera, Oscar Aredes y Roberto Argañaraz— fueron asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense mientras conversaban en una esquina de Ingeniero Budge. Este hecho se convirtió en símbolo de la lucha contra el ‘gatillo fácil’ y motivó movilizaciones vecinales que exigieron justicia, logrando la condena de los tres policías responsables.
A más de tres décadas del hecho, la fecha sigue siendo un recordatorio de la necesidad de políticas de seguridad respetuosas de los derechos humanos y de la dignidad de todas las personas, especialmente de aquellas privadas de libertad. El caso también abrió un debate sobre la responsabilidad estatal en garantizar justicia ante los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.
Lamentablemente, la democracia les hizo precio a los asesinos.
Los tres suboficiales condenados por la Masacre de Budge fueron Juan Ramón Balmaceda, Isidro Romero y Oscar Miño. Aunque recibieron penas de 11 años de prisión por el fusilamiento de los tres jóvenes, todos estuvieron prófugos durante varios años. Romero fue detenido en 1998, Miño en 2006 y Balmaceda en noviembre de ese mismo año. Sin embargo, la democracia les hizo precio a estas lacras: Balmaceda consiguió prisión domiciliaria alegando problemas de salud, a pesar de haber estado nueve años prófugo y nunca haber mostrado arrepentimiento. Esta situación genera indignación en los familiares de las víctimas, quienes siguen reclamando que cumpla su condena en una cárcel común.
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