El paro de UTA expuso un conflicto sindical complejo. Se entrelazaron demandas salariales y divisiones internas dentro del gremio. Aunque la medida afectó a gran parte del país, en el AMBA el impacto fue parcial debido a la disputa entre la UTA y la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA). Además, la empresa DOTA decidió no adherir al paro, lo que generó tensiones y episodios de violencia que reflejaron la fractura sindical.
El paro de colectivos convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) el martes 6 de abril puso en evidencia un conflicto sindical que va más allá del simple reclamo salarial. Aunque la medida afectó a gran parte del país, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el impacto fue parcial, debido a la división gremial interna que enfrenta a la UTA con la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA).
El principal motivo del paro fue el reclamo de un aumento salarial. La UTA exige llevar el salario básico de los choferes de $1.200.000 a $1.700.000, mientras que la oferta de las empresas fue de un aumento escalonado del 6%. Esta falta de acuerdo llevó al gremio a realizar una huelga nacional de 24 horas.
Sin embargo, la situación se complicó debido a la interna gremial. Desde hace algunos años, la creación de la UCRA —como sindicato disidente de la UTA— generó una fractura que se evidenció en esta medida de fuerza. Mientras que la UTA llamaba al paro, el sector liderado por Miguel Bustinduy se desmarcó, permitiendo que empresas como DOTA mantuvieran en circulación muchas de sus líneas.
El rol de DOTA y el conflicto de intereses
Marcelo Pasciuto, titular del grupo DOTA, afirmó que sus choferes no adhirieron al paro por la libertad de trabajo que existe en la empresa, aunque aclaró que los empleados que no trabajaron tuvieron un descuento de cerca de $40.000. DOTA cuenta con 68 líneas de colectivo, de las cuales la mayoría funcionó con normalidad, salvo algunas excepciones como la línea 60 y la 98.
Pasciuto también aprovechó para criticar a la UTA, señalando que el sindicato estuvo ‘guardado’ durante años y que ahora busca recomponer un salario que no actualizó en dos gestiones de gobierno. También expresó la necesidad de reestructurar el transporte público para optimizar recursos.
Desde la UTA, se manifestaron conformes con el impacto del paro, afirmando que las paradas estuvieron vacías en gran parte del país. No obstante, reconocieron que en el AMBA el acatamiento fue parcial debido a la interna con UCRA, a la que Roberto Fernández considera un ‘gremio amarillo’ vinculado a DOTA. Por su parte, Bustinduy criticó la falta de un plan de lucha claro por parte de la UTA y afirmó que la protesta no resolvería el problema salarial.
El paro no estuvo exento de episodios de violencia. Varios colectivos de DOTA sufrieron ataques con piedras en el Acceso Oeste, aunque no se reportaron heridos. El Gobierno nacional consideró la huelga como ‘extorsiva’ y advirtió que intimará a las empresas que no respeten el servicio mínimo, destacando que el reclamo del 40% de aumento supera las pautas oficiales.
Este paro de colectivos expone un escenario complejo donde se mezclan reclamos salariales legítimos con tensiones internas entre sindicatos y acusaciones cruzadas entre empresarios y gremialistas. Mientras tanto, los usuarios sufren las consecuencias de un sistema de transporte público en crisis que aún busca respuestas estructurales para evitar que la situación se repita.