Administrar

La actividad de administrar consorcios en la Ciudad de Buenos Aires tiene su propio registro, que obliga a todo administrador a inscribirse y declarar los edificios que gestiona. Sin matrícula, no hay legitimidad, por lo que cualquier vecino puede denunciar irregularidades y el organismo responsable —la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor— puede sancionar.

La oficina funciona en Martín García 464, Cruz de Malta, con atención de lunes a viernes de 8:30 a 14:30.

Entre las herramientas que buscan ordenar el día a día aparece el formulario Mis expensas, un modelo centralizado que -podríamos decir- apunta a dar transparencia a la liquidación mensual. Allí deben figurar datos de la administración, remuneraciones al personal, cargas sociales, pagos de servicios y seguros, estado financiero, movimientos bancarios, patrimonio y formas de pago. La idea es que los propietarios reciban un detalle claro de compras y contrataciones, y que el control vecinal sea posible sin necesidad de convertirse en contadores improvisados.

El manual de buenas prácticas consorciales también se suma como guía: explica la legislación vigente de propiedad horizontal y señala qué instituciones intervienen en el funcionamiento de un edificio. No es un texto obligatorio, pero sí una referencia útil para evitar conflictos y entender cómo se regula la vida en comunidad.

Los trámites para administradores son varios y repetitivos: inscripción inicial, actualización anual de matrícula, presentación de declaración jurada, baja voluntaria y rúbrica de libros obligatorios. Cada paso tiene su burocracia, pero también asegura que el consorcio no quede librado a la improvisación.

En definitiva, administrar un consorcio no es solo cobrar expensas: es cumplir con normas, transparentar gastos y sostener la convivencia. La Ciudad ofrece herramientas, pero la responsabilidad sigue siendo de quienes llevan adelante la gestión.