La contradicción entre el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a clubes y asociaciones civiles frente a la intención del gobierno nacional de convertir clubes deportivos en sociedades anónimas, es curiosa.
Por un lado, el programa del GCBA muestra un fuerte compromiso con el fortalecimiento de clubes de barrio y asociaciones civiles, proveyéndoles asesoría en áreas legales, contables y energéticas. El enfoque está en que estas instituciones, que son fundamentales para la cohesión social y el desarrollo comunitario, puedan acceder a beneficios como tarifas comunitarias y regularizar su situación institucional. Este respaldo busca asegurar que los clubes sigan cumpliendo una función social vital, que va más allá de lo meramente deportivo: promueven valores, participación ciudadana y espacios de inclusión.
En contraste, el plan del gobierno de Javier Milei, al fomentar la transformación de clubes en sociedades anónimas, parece apuntar en una dirección más empresarial. La actual administración nacional ve en la conversión de clubes en S.A. una forma de mejorar la administración de estas entidades, haciendo hincapié en que los clubes en Argentina suelen enfrentar problemas de mala gestión y corrupción. La idea es que un modelo de gestión privado, con capital y estructura empresarial, podría ser una solución para problemas financieros y administrativos.
Sin embargo, aquí surge la contradicción: mientras que el GCBA promueve el fortalecimiento de estos clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro, reconociendo su valor como espacios comunitarios y su función social, el proyecto de Milei implica una transformación estructural que podría cambiar la naturaleza misma de estos clubes, alejándolos de su rol comunitario para enfocarse más en objetivos económicos.
Esta tensión refleja dos modelos de gestión contrapuestos. Mientras que uno busca proteger la identidad comunitaria y sin fines de lucro de los clubes, el otro apuesta por una mayor intervención privada con la esperanza de mejorar su eficiencia operativa. El dilema de fondo es cómo equilibrar la sustentabilidad financiera con la preservación de la función social de estas entidades que históricamente han sido motores de integración y desarrollo en Buenos Aires.
Ahora bien. El contraste entre la medida del Gobierno de Jorge Macri, de ofrecer asistencia legal y financiera a clubes de barrio y asociaciones civiles y la intención del gobierno de Javier Milei de transformar estas instituciones en sociedades anónimas, puede llevar el debate interesante a más y diversas interpretaciones.
Por un lado, la iniciativa porteña parece un genuino esfuerzo por fortalecer a estos clubes, ayudándolos a regularizar su situación administrativa, reducir costos operativos, e incluso brindarles acceso a tarifas más bajas en servicios básicos como electricidad, gas y agua.
Sin embargo, desde una perspectiva más crítica y en consonancia con la propuesta del gobierno nacional de Milei, surge la posibilidad de que este tipo de asistencia a clubes y asociaciones civiles pueda estar preparando el terreno para su futura conversión en sociedades anónimas. Si se ayuda a los clubes a reducir sus deudas y a obtener tarifas más favorables, se podría especular con que esto los dejaría en una mejor situación financiera, lo que facilitaría un eventual proceso de privatización. De esta forma, al quedar libres de grandes pasivos, los clubes se convertirían en objetivos más atractivos para la inversión privada.
Esta hipótesis se sostiene en la idea de que la reducción de deudas y la regularización podría no ser simplemente un acto de apoyo comunitario, sino un paso previo para abrirles las puertas a capitales interesados en convertir a estas entidades sociales y deportivas en empresas con fines de lucro. De ser así, los clubes pasarían de ser espacios comunitarios y sin fines de lucro a empresas privadas, bajo el modelo de sociedades anónimas deportivas, un esquema que en otros países ha generado controversia por la pérdida de identidad social de estas instituciones.
Esta posible «limpieza de cuentas» podría ser vista como una estrategia para allanar el camino a los inversionistas, eliminando barreras financieras que pudieran dificultar la transición a una estructura privada. Aunque no hay confirmaciones oficiales que vinculen ambas iniciativas, este panorama plantea interrogantes sobre las verdaderas intenciones detrás de las políticas de asistencia a los clubes.
Este conflicto de visiones deja abiertas varias preguntas: ¿Qué impacto tendría la conversión en sociedades anónimas sobre los sectores más vulnerables que utilizan estos espacios? ¿Se perderá el espíritu comunitario que los ha caracterizado? Sin duda, es un tema que merece debate y reflexión, dado que lo que está en juego no es solo el futuro financiero de los clubes, sino su rol en el tejido social de la ciudad.
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