Los recursos mineros del país despertaron orgullo durante más de un siglo y medio a los argentinos. La megaminería le cambió la cara y la identidad a una actividad que, quizás, debería demostrar un poco más de entusiasmo en recuperar algo de la justificadamente perdida simpatía de la población.
La explotación minera en la Argentina siempre ha sido un tema que tanto puede apuntar a las oportunidades económicas de las provincias como de preocupación ambiental.
Se sabe que el país posee una variedad de recursos minerales que incluyen oro, plata, cobre, litio y otros metales. Estas riquezas se distribuyen por todo el país pero, especialmente, con concentraciones notables en la Cordillera de los Andes.
Hoy, la Argentina cuenta con un marco regulatorio para la minería que incluye leyes tanto federales como provinciales. La Ley General de Minería (Ley 24.196) promulgada en 1993 regula las actividades mineras a nivel federal, mientras que las provincias tienen sus propias regulaciones en materia de exploración y explotación minera.
Desde siempre, nuestro país atrajo el interés de empresas mineras nacionales e internacionales. A su vez, la inversión en el sector chocó con una incertidumbre legal que -al menos- podría haber beneficiado a Nación, provincias y municipios. Pero, ni eso. En cuanto a las empresas respecta, siempre tuvieron espalda financiera y sus consecuente paciencia para esperar el momento adecuado y conseguir sus objetivos de enviar grandes remesas de dinero a sus correspondientes centrales con ganancias comprobadamente desproporcionadas frente a la nunca programada rentabilidad local.
La inestabilidad política con la que tanto se divierte la inmadura dirigencia argentina conforma uno de los capítulos fuertes de la histórica y letal premisa «divide y reinarás».
Y a medir por la importancia que se les fue dando en las diferentes esferas del poder, las preocupaciones ambientales siempre quedaron «para los militantes, los hippies, los zurdos y los ‘caganegocio’ de Greenpeace». Pero no es necesario bajar de Sierra Morena para comprender que las actividades mineras, especialmente los proyectos a gran escala, contaminan el agua de las zonas en las que excavan a cielo abierto, aceleran la deforestación, destruyen hábitats y enferman a pueblos con productos químicos tóxicos como el cianuro en el proceso de extracción mineral.
No son caprichos de los activistas ambientales y de las comunidades locales cuando protestan contra proyectos mineros en los que se comprueban daños a los ecosistemas y la salud pública. Esos gritos que denuncian depredación ecológica, se sostienen más allá de la repetida «vista gorda» de jueces, a la hora de dictar fallos que determinan la ausencia de delito de una empresa minera contra el medio ambiente, cuando es evidente que sí lo hubo.
La Argentina es uno de los principales productores mundiales de litio, componente clave en baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía renovable. El «triángulo del litio», que incluye áreas del Norte de la Argentina, Sur de Bolivia y Norte de Chile, contiene importantes reservas de este mineral. La explotación de los recursos de litio atrae la atención para realizar inversiones en las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy.
Las políticas nacionales han incluido -sin una necesidad imperiosa- incentivos fiscales, mientras que los gobiernos provinciales se desesperan por simplificar los procesos de obtención de permisos. Muchas veces, en el angurriento apuro por recibir los primeros beneficios del canon por derechos de suelo, las provincias omiten cumplir con los controles de las prácticas mineras responsables y hasta se despreocupan por ejercer el derecho de ingresar sin restricciones al área minera.
Siempre se espera que las empresas mineras que operan en la Argentina interactúen con las comunidades locales para abordar las preocupaciones sociales y ambientales y garantizar que las poblaciones se beneficien de las actividades mineras «a través de la creación de empleo y el desarrollo de infraestructura».
Error.
Hasta esos mismos empleados de las mineras saben que tal empleo es indefectiblemente temporario, peligroso y perecedero. Ellos saben que durante la etapa que vivirán la efímera felicidad de tener trabajo en su propio pueblo -el mismo en el que, por falta de gestión de sus gobernantes, nunca antes una sola empresa invirtió un centavo- deberán «ponerse la camiseta» de la minera, sin demasiada convicción.
Cuando Mariano Moreno tradujo la monumental máxima de Jean Jacques Rousseau, referida a que no debemos quedarnos dormidos esperando que otros hagan lo que nos cabe a nosotros, se proyectaba a situaciones futuras como la que estamos aquí tratando, en la que muchos pueblos cercanos a yacimientos mineros son avasallados.
A saber o para recordar, según corresponda:
Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía.
Hace muchos años, cada 7 de mayo, Día de la Minería, era una fiesta en la Argentina.
Ya no.
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