Nos hacemos muchas preguntas acerca de cómo afecta a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires la nueva metodología utilizada por las dos gigantes financieras de tarjetas de crédito y débito que operan en la Argentina
Siendo muy precisos, deberíamos decir: «sin ticket de pago con débito». Así es como se van a comenzar a retirar de los comercios las personas que compren con tarjeta de crédito de Visa o MasterCard.
La decisión de estás compañías, sólo comunicada a través de la empresa de terminales electrónicas de pago Payway es la de no entregar más comprobantes impresos por compras menores a $80.000.
Estamos refiriéndonos a la mayoría de las operaciones comerciales de la actualidad. Y son, precisamente, esas las transacciones que comenzarán a perdersw en la memoria de los clientes.
Porque si bien el envío del comprobante por mail se enrolla en lo legal, el problema de la falta de practicidad que afecta al consumidor puede redundar -aparte de la de tiempo- en pérdida de dinero.
¿Con cuántos comerciantes vamos a tener mutua santa paciencia para que registren nuestra dirección de e-mail? Y ellos van a bancarse eso de pedir las casillas, una a una, para después enviar el comprobante?
Veamos un poco en profundidad. Consultadas varias personas a la salida de una sucursal de una famosa cadena de panaderías, nos arrimamos a la conclusión de que la decisión de Visa y MasterCard de dejar de emitir comprobantes impresos para compras menores a $80.000 plantea una incómoda realidad para consumidores y comerciantes. Aunque respaldan esta medida con la opción del envío de comprobantes vía correo electrónico, la experiencia podría tornarse frustrante y, en última instancia, perjudicial para los usuarios.
La tajante determinación recae sobre la mayoría de las transacciones cotidianas, las que suelen representar montos menores pero frecuentes y son precisamente éstas las que pasarán a depender de la “memoria digital” de los clientes.
Este nuevo formato de comprobante podría colmarse de aristas críticas. Primero, los comerciantes ahora deben pedir el correo electrónico de cada comprador, lo que agrega una capa de trabajo logístico para la que muchos no están preparados. Además, en momentos de alta demanda, como en días de promociones o fechas especiales, esta nueva tarea puede ralentizar el servicio, incrementando los tiempos de espera y la insatisfacción del cliente.
Por otro lado, aunque parece una acción “amigable con el medio ambiente” al reducir el uso de papel, el problema de fondo radica en la accesibilidad y en los derechos del consumidor. Las personas que no utilizan correos electrónicos o que tienen dificultades para gestionar estos registros en medios digitales pueden quedar desprovistas de su comprobante, un documento prioritario tanto para control personal como para eventuales reclamos.
¿Acaso las compañías detrás de estas decisiones realmente sopesaron las consecuencias en tiempo y dinero para los clientes? En una sociedad que aún valora lo tangible como comprobante de una operación, esta medida no solo representa un inconveniente sino también una amenaza a la confianza en el sistema de pagos digitales. ¿Estamos entonces ante un ajuste corporativo que, más allá de su coste ecológico, desatiende la experiencia del consumidor en aras de reducir sus propios costos?
¿Alguien sacó la cuenta de cuánto dinero representa el tiempo que perderá con esto? ¿O, acaso, ya está definida la condena en la que pronto podríamos caer de que ya a nadie le importe tampoco el comprobante fiscal (hoy somos muy pocos los que lo reclamamos) y, así, fortalecer la tendencia argentina a comprar y vender en negro?