Accedimos a un intercambio de e-mails entre una beneficiaria del programa Movilidad Porteña y los operadores del sistema, donde quedan involucrados el gobierno porteño, autoridades del Banco Ciudad y la plataforma digital BUEPP.
El reclamo expone un problema recurrente en la implementación del programa de descuentos en los subtes. La beneficiaria denuncia que, tras cumplir con la presentación de la documentación y recibir la aprobación oficial, nunca obtuvo instrucciones claras sobre cómo utilizar correctamente el beneficio con el Banco Ciudad. Esa falta de comunicación derivó en errores que hoy se traducen en intimaciones de pago y amenazas de sanciones.
Con su tramite jubilatorio flamante tras décadas de actividad en medios de comunicación, la denunciante relata que, al consultar con un operador del banco, se le aseguró que podía usar su tarjeta de débito física sin necesidad de saldo en la cuenta. Sin embargo, tiempo después recibió notificaciones que la obligaban a abonar un monto impago de $1560, con advertencias de penalidades. La contradicción entre lo informado por el Gobierno de la Ciudad —que habilitaba la tarjeta física como medio válido— y la respuesta del banco, que exige operar mediante la aplicación Buepp y el sistema de pago con QR, dejó a la usuaria en una situación de incertidumbre.
El intercambio de correos electrónicos muestra cómo cada organismo se deslinda de responsabilidades. El GCBA confirma la aprobación del beneficio y su compatibilidad con la tarjeta de débito, pero remite al Banco Ciudad para resolver el método de pago. El banco, por su parte, insiste en que el subsidio solo se aplica con QR y dinero en cuenta. Buepp, finalmente, responde con tecnicismos sobre validadores y limitaciones del sistema, sin dar solución al reclamo central.
La beneficiaria sostiene que no adeuda nada y que el problema radica en la deficiente atención y en la ausencia de un protocolo claro para los usuarios. “Por favor, no conviertan el beneficio en un suplicio”, escribió en uno de sus mensajes, procurando evitar que una medida para celebrar se transforme en un obstáculo.
El caso revela la fragilidad de un esquema que, en lugar de facilitar la movilidad, puede exponer al ciudadano a errores administrativos y a la desprotección frente a instituciones que no asumen sus responsabilidades a pleno.
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