La decisión del Gobierno porteño de reforzar los controles en Once y Flores durante diciembre se inscribe en una política sostenida de recuperación del espacio público. Desde la mirada oficial, se trata de garantizar orden, seguridad y circulación en dos de las zonas comerciales más densas de la Ciudad.
El ministro Ignacio Baistrocchi lo plantea como un dispositivo planificado y sostenido: primero investigación, luego acción y finalmente control permanente. Los números acompañan esa narrativa: más de 19.000 manteros desalojados en dos años, trece espacios públicos liberados y un mercado ilegal estimado en $1.900 millones desarticulado.
Para el gobierno, la presencia reforzada de inspectores y policía es una forma de asegurar que vecinos y comerciantes puedan transitar y trabajar con tranquilidad en fechas de alta actividad.
Pero la otra mirada es la de quienes quedaron fuera de ese orden. Los manteros, que en Flores llegaron a superar los 5.000 en la avenida Avellaneda, sostienen que la venta callejera es una estrategia de supervivencia frente a la falta de empleo formal y a la precarización laboral. Desde organizaciones sociales y referentes barriales se cuestiona que la política de control se limite a desalojar sin ofrecer alternativas reales de inclusión, como ferias reguladas o programas de reconversión laboral.
En Once, tras los allanamientos de 2024, muchos vendedores denunciaron que la represión se centró en la mercadería apócrifa pero no en las cadenas de distribución mayorista que alimentan el circuito informal. La tensión entre el derecho al trabajo y el derecho al espacio público sigue sin resolverse.
Los comerciantes formales, por su parte, celebran la medida. Para ellos, la venta ilegal representa competencia desleal, afecta la seguridad y degrada el entorno urbano. La liberación de veredas y la presencia de inspectores son vistas como una garantía de orden y de defensa de la actividad legal. Sin embargo, también reconocen que la presión sobre los manteros no elimina la demanda de productos baratos, que encuentra otros canales de comercialización.
El refuerzo de diciembre en Once y Flores sintetiza esa disputa: para el gobierno, es un paso más en la consolidación de una política de control sostenido; para los comerciantes, un alivio frente a la competencia informal; para los manteros y organizaciones sociales, un nuevo capítulo de exclusión sin alternativas.
La discusión de fondo es si la Ciudad puede equilibrar la defensa del espacio público con políticas que reconozcan la dimensión social y económica de la venta callejera. Mientras tanto, el dispositivo de control se intensifica, pero la tensión entre orden y subsistencia permanece abierta.
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