Se realiza la marcha universitaria y hay unanimidad social sobre la necesidad de "desajustar" los presupuestos. Aún no se vislumbran las tensiones cruzadas que, una vez corridos del conflicto central actual, se derivarán del cupo a extranjeros.
El Gobierno anunció que convocará a los rectores de las universidades nacionales para abrir una mesa de diálogo. La intención oficial es, efectivamente discutir el monto de los recursos que piden las rectorías y los centros de estudiantes. Pero también los mecanismos de control.
La medida llega en medio de la Marcha Federal Universitaria, que expone el malestar por el ajuste en educación y la falta de actualización de partidas frente a la inflación. El Ejecutivo busca descomprimir la protesta, pero insiste en auditar cada peso que se destine a las casas de estudio.
El foco estará en los hospitales universitarios: allí se concentrará la revisión de presupuestos y el pedido de rendición detallada. “Queremos transparentar el sistema de financiamiento”, señalaron desde la Casa Rosada.
Quiénes son los que plantean la consigna «Ni Milei ni Yacobitti».
El conflicto no se reduce a una pulseada de números. En las calles y en las aulas, los estudiantes remarcan que su rechazo al ajuste no implica alinearse con la política universitaria como Emiliano Yacobitti, quien no da respuesta al planteo de los gobiernos extranjeros paguen a la UBA el arancel correspondiente a la cursada de sus ciudadanos como alumnos, dejando como única argumentación el paupérrimo «Efecto Multiplicador del Gasto».
La consigna que crece es que no por estar en contra de Milei, se está automáticamente a favor de Yacobitti. El reclamo apunta a defender la autonomía y el financiamiento, sin quedar atrapados en disputas partidarias.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, confirmó que el llamado a los rectores se formalizará después de la jornada de protesta. Mientras tanto, los rectores advierten que la falta de recursos pone en riesgo el funcionamiento de facultades, laboratorios y salarios docentes.
Si no se apura una solución, esta tensión podría convertirse en el eje más complejo de la agenda política, incluso más desgastante que la que genera el affair Adorni.
El Gobierno parece querer ir por el diálogo. Pero sin ceder un ápice en su obsesivo control fiscal, estará abriendo el camino a la cronicidad de los reclamos, cuya mayoría son más que justos.
Las universidades reclaman presupuesto para sostener la educación y la investigación. Pero si las banderas partidarias no descienden -que más no sea- hasta media asta, el pedido puede ir desde perder legitimidad hasta infantilizarse.
En el medio, hay estudiantes que ya definieron que para la supervivencia de la universidad pública, lucharán y pondrán el cuerpo, pero jamás por Milei ni por Yacobitti.
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