El haber establecido el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios no significa que se esté trabajando a máxima conciencia y con eficacia en el tema. No nos referimos al gobierno de Javier Milei, ni al de Alberto Fernández, ni al de Mauricio Macri ni al de Cristina Fernández de Kirchner en particular. Pero tampoco los deslindamos de la responsabilidad de poner siempre en os cargos que se requieren para ejercer ese cuidad a personas más propensas a la adulación de sus jefes que a la de cumplir sus funciones como corresponde.
Este ostentoso Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios se estableció hace exactamente 10 años y fue declarado en la Ciudad de Paraná por funcionarias nacionales de la época que cumplían a rajatabla con la premisa enunciada en el último párrafo.
Entretanto, los datos reportados -en su mayoría, extraoficialmente- por casos de violencia de género perpetrados en radios, diarios, revistas, canales de TV, webs y equipos de contenidos digitales de todo el país, no tuvo la más mínima merma entre 2014 y 2022, resultando un promedio de 36 situaciones con denuncia por mes y unas 170 sin registro policial ni judicial.
El susodicho día tiene poco de conciencia real del problema que anuncia y mucho de la hipocresía típica de funcionarios que procuran demostrar que ponen en marcha una «Política de Estado», cuando lo que están haciendo -en realidad- es justificar un movimiento de caja.
A pesar de los números del reporte, los mismo medios de comunicación somos -por lejos- más responsables y cuidadosos de poder hacer cumplir la tácita norma ética y moral de evitar hechos de violencia de género entre personas involucradas en los procesos de trabajo, que los funcionarios de cualquier orden, nacional, provinciales o municipales que se erijan en centinelas de conductas de las que no sólo no tienen idea de cómo tratar, sino que, en la primer de cambio, desaparecen de la escena del conflicto y no vuelven a tratar el tema.
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