Una estafa histórica

Desde hace muchos años, existe una estafa que sufren las personas que, tras haber estado sufriendo períodos de desempleo, más otras etapas de imposibilidad de facturación, siempre redundando en la falta de trabajo, a la hora de la llegada del milagro de la recuperación (la mayorá de las veces temporal) se encuentran con que se les multiplica el castigo al pretender volver al sistema que -según cierta teoría- los dignifica.

Se trata del inadmisible e interminable ítem incorporado a los Planes de Facilidades de la AFIP, en los que se obliga al contribuyente que pretende desendeudarse, a pagar las cuotas correspondientes a la Obra Social que le negó atención médica cuando estaba caído en desgracia.

Es una legendaria estafa realizada en conjunto por la AFIP y las obras sociales, por la que jamás se logró completar el alzamiento de una voz. Se trata de la inclusión ilegal de un item de pago en los planes de facilidades para monotributistas, cuando éstos deciden levantar su baja de oficio.

Ordenemos: A lo largo de la historia del Monotributo, miles de contribuyentes fuimos cayendo en la llamada “Baja de Oficio”, cuando, al quedarnos sin trabajo, no podíamos pagar la cuota mensual. Esta Baja de Oficio, se la declara la AFIP al inscripto que omite 10 cuotas consecutivas del impuesto.

Ahora bien, no todo ocurre “de golpe” y no es que nada suceda durante esos diez meses en los que el monotributista deja de pagar. Como todos sabemos, el pago mensual del combo llamado “Monotributo” está integrado por el ítem de pago del impuesto propiamente dicho (también llamado “Componente Monotributo”), la cuota mensual de aporte previsional, que la AFIP remite a la ANSES y el abono de una cuota mensual correspondiente a una Obra Social, que –oportunamente- el contribuyente elige para ser “beneficiario” del PMO (Plan Médico Obligatorio), por el cual, la obras sociales incorporan al monotributista, supuestamente, como uno más de sus afiliados.

Pues bien, lo primero que ocurre durante la etapa de falta de pago es que cuando las obras sociales observan en su administración que el pago del componente de Obra Social del Monotributista no se ve reflejado en su contabilidad, dejan de atender a monotributista.

En este tema queremos ser muy específicos, para dejar en claro qué es lo que dice la ley, cómo actúan las organizaciones sindicales que administran las obras sociales para sacarse el problema legal de encima y la realidad final.

– La ley remarca que el afiliado no puede dejar de ser atendido en la Obra Social por más que haya dejado de pagar el Monotributo.

– La mayoría de las administraciones de obras sociales aducen que tienen 3 (tres meses) de gracia para ofrecer atención médica obligatoria cuando observan que no están cobrando su parte del negocio.

– La realidad es que las obras sociales comienzan por dejar de autorizar estudios para diagnósticos por imágenes y descuentos por órdenes médicas, incluyendo aquellos cuya cobertura al 100% de descuento se hace cargo la Superintendencia de Servicios de Salud. La estadística natural indica que, tras esta traba, el afiliado deja de hacerse atender.

La Estafa

Es muy dable que personas que han tenido etapas de quedar fuera del sistema, comiencen a recuperarse económicamente y aspiren a recuperar su condición ciudadana plena. Apelan, entonces, al sistema online de los Planes de Facilidades que AFIP ofrece, con una carga de intereses por la deuda que nada le envidia a las tasas que un banco privado cobraría por dar un crédito personal. El deudor hace de tripas corazón y decide armar el plan de pagos, estableciendo en cuántos meses podrá cancelar el bodoque que asume y siguiendo las instrucciones online hasta el clic final. Se sabe que el cobro se realizará por débito automático, por lo que el interesado deberá registrar el CBU de alguna cuenta bancaria.

El plan de facilidades que el usuario toma para que la AFIP le vaya cobrando mensualmente, debe incluir, de cada mes impago, los valores correspondientes al Monotributo propiamente dicho más los intereses correspondientes, el componente previsional con sus intereses y el más inadminisble acto de sometimiento a la esclavitud desde la dictadura 76-83: HAY QUE INCLUIR EL VALOR DEL COMPONENTE DE OBRA SOCIAL E INTERESES, CORRESPONDIENTE A LA FECHA EN LA QUE LA MISMA OBRA SOCIAL NEGO SU ATENCION AL CONTRIBUYENTE.

La mayoría de los contadores de la Argentina conoce esta estafa y no dicen nada. Los prineros abogados que sabíann acerca de esta calamidad inventada por el equipo de saqueadores de Alberto Abad, refrendada por los delincuentes del gabinete de Ricardo Echegaray y avalada por los secuaces de Mercedes Marcó del Pont, son pocos y no se animaron a realizar las acciones que corresponden para la recuperación del dinero que le sustrajeron a los contribuyentes (nunca más exacta la expresión), recibieron dinero para evitar la escalada monumental de juicios con doble acusación, en la que EL ESTADO Y LAS OBRAS SOCIALES ESTAN ACTUANDO EN ASOCIACION ILICITA.

Mientras el Periodismo Pavo Real (Jorge Lanata, Víctor Hugo Morales y todos quienes siguen sus respectivos hilos de falsísima convicción ideológica) se dedica a buscar actos de corrupción individuales de funcionarios de uno u otro bando según las antipatías que profesen desde sus medios, no sabe realizar investigaciones que desbaraten la red de delitos contra la sociedad que se realiza nada menos que desde el organismo que administra el dinero de la gente. En el más estricto sentido de la expresión. Las Obras Sociales son administradas por los sindicatos y el Estado le quita dinero a los contribuyentes pobres para dárselo a ellos.

No es tarde para realizar las denuncias correspondientes. Desde este medio, hoy, no contamos con recursos como hacer frente a la catarata de erogaciones que implica el seguimiento del caso. Sí, en cambio, nos dedicamos a hacer notar a la sociedad de los que algunos conocen y se ven incapaces de denunciar, ya que, cada vez que hubo un atisbo de hacer público el tema, las coimas corrieron a la orden del día. El caso que exponemos en uno de los pocos en los que la corrupción arranca del Estado que paga a privados para conservar su silencio.

No es que nos decidimos a expresar que Abad, Echegaray y Marcó del Pont deban ir presos por esto. Si ellos deben ir presos, aunque parezca un chiste berreta, será la justicia la que lo determine. Incluso ante la obviedad de que los tres SON LOS MÁXIMOS RESPONSABLES DE QUE EL ESTADO LE ROBE DE MANERA DIRECTA A LOS CIUDADANOS, es decir, igual que los militares del 76. Lo que sí entendemos que es absolutamente justo, es que el Estado y/o la Obras Sociales que se quedaron con un dinero que no les correspondía -por lo injusto de una forma de establecer el pago de deudas impositivas- sea devuelto y con la misma grilla de intereses con la que se cobran lo que consideran suyo,