El nuevo requisito impuesto a los administradores de consorcios parece un avance en términos de transparencia, pero su impacto real dependerá de cómo los vecinos se apropien de la información. No es lo mismo tener acceso a un reglamento que comprenderlo, y la burocracia de los consorcios no siempre facilita la participación activa de los propietarios.
Si bien la digitalización del acceso a estos documentos es una solución práctica, no resuelve el problema de fondo: muchos consorcistas desconocen sus derechos o no cuentan con instancias efectivas para hacerlos valer. El gran desafío será convertir esta obligación administrativa en una herramienta que verdaderamente empodere a los vecinos y no en otro trámite más que pase desapercibido entre facturas y liquidaciones.
Las quejas contra administradores de consorcios no son nuevas ni exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires. En otras grandes urbes como Madrid o São Paulo, se han implementado medidas similares para mejorar la gestión de edificios, aunque con resultados diversos. En España, por ejemplo, algunas comunidades han optado por la autogestión para evitar sobrecostos y conflictos con administradores, mientras que en Brasil se han fortalecido los mecanismos de auditoría externa.
En Buenos Aires, la principal dificultad sigue siendo la fiscalización. La Ley 941 establece la obligatoriedad de la matrícula para los administradores y la supervisión de su labor, pero en la práctica, los controles son insuficientes. Si bien la nueva disposición suma un paso más hacia la transparencia, sin un sistema de monitoreo efectivo, seguirá dependiendo de la voluntad de los vecinos denunciar irregularidades.
Al final del día, la clave no es solo recibir documentos, sino contar con mecanismos ágiles y eficaces para exigir su cumplimiento. Mientras estos sigan siendo deficientes, las promesas de transparencia quedarán en el papel.
Determinar la cantidad exacta de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires es complejo debido a la falta de datos actualizados y precisos. Según un informe del GCBA del año 2013, existen unos 550.000 espacios parcelables en la ciudad, de los cuales un 50% son edificios de departamentos.
Sin embargo, este dato no especifica la cantidad total de unidades habitacionales dentro de esos edificios.
En cuanto al mercado inmobiliario, se observa una fluctuación en la oferta de departamentos en venta. Por ejemplo, en septiembre de 2024, se registraron 66.656 departamentos disponibles en los portales inmobiliarios, lo que representa una disminución del 40,72% en comparación con octubre de 2022, cuando la oferta alcanzó su máximo histórico con 110.000 unidades.
Esta información nos abre una ventana a la dinámica del mercado, aunque no proporciona una cifra exacta -ni siquiera aproximada- del total de departamentos existentes en la ciudad.
Además, la densidad de departamentos en venta varía según el barrio. Por ejemplo, en la etapa aludida, en Recoleta se registraron 49 inmuebles en oferta por manzana, en Puerto Madero 45, en Palermo 37, en Belgrano 32 y en San Telmo 26. Hay, sí, alta concentración de unidades en ciertas zonas pero no es información para extrapolar como para obtener el total de departamentos en toda la ciudad.
Un cálculo estadístico realizado por ENSAMBLE19 indica que el número tan buscado por medios de comunicación, ONGs y operadores de la política rondaría, en 2025 en las 340.000 edificaciones, monoblocks, PH y otras formas de vivienda de todo estilo y tamaño, con espacios comunes administrados por consorcios, mientras que el numero de casas que no comparten terreno se redujo de más de 300.000 a 262.000.
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