La contratación de personas con discapacidad para trabajar ahora tiene un protocolo. Lejos de tratarse de es un mero gesto simbólico o una declaración de buenas intenciones, el documento presentado en la Legislatura porteña, podría marcar un gran cambio en la forma en que las empresas, los estudios jurídicos y los departamentos legales abordan la inclusión laboral.
El Protocolo es impulsado por la Red ProBono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Para no quedarse en la teoría, ofrece definiciones y procedimientos para que la contratación de personas con discapacidad deje de ser una excepción y se convierta en parte del ADN institucional.
Si bien insiste con la eliminación de barreras físicas y culturales, establece pautas para la capacitación de equipos con seguimiento de la permanencia laboral.
Cada eje apunta a construir entornos inclusivos, de verdad. Y si el protocolo no viene a pedir permiso, marcaría un camino que otros podrán tomar con comodidad.
Durante la presentación, se habló sin rodeos de los miedos y prejuicios que todavía persisten, tanto en quienes buscan empleo como en quienes lo ofrecen. Y se recordó que existen incentivos fiscales y ayudas estatales que facilitan el proceso, pero que muchas veces se desconocen o se subestiman.
Lo más potente del encuentro fue la coincidencia entre referentes del sector privado, organizaciones civiles y personas con discapacidad: la inclusión no es sólo un acto de justicia, es una oportunidad para fortalecer a las instituciones.
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