El fallecido ex-presidente Néstor Kirchner y el ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá son considerados los responsables iniciales directos de la cadena de encubrimientos que se produjo tras la masacre de Carmen de Patagones, el 28 de septiembre de 2004, de la que este domingo se cumplirán 10 años.
Un asesino llamado Rafael Junior Solich, de 15 años de edad, detentor de pura conciencia criminal propia y maliciosamente cebado a pepretrar la acción de homicidio múltiple conociendo que quedaría impune por contar con chapa de menor de edad, se cargó con la vida de tres de sus compañeros de la escuela Islas Malvinas y produjo heridas graves a otros cinco, con el arma reglamentaria de su padre.
Las víctimas del asqueante humanoide al que la justicia buscó desde 2006 y desistió de hacerlo en 2013, se llamaban Federico Ponce, Sandra Núñez y Evangelina Miranda.
Rafael Solich padre, es un suboficial de la Prefectura Naval Argentina, hoy prófugo, pero de quien los allegados de las víctimas de su hijo aseguran que cumple funciones «en negro» para la fuerza a la que sigue perteneciendo, en Prefectura La Plata, con base ubicada en Ensenada, cuyo Jefe es el Prefecto Mayor Rodolfo Gonzalez y su Jefe de Operaciones el Prefecto Principal Gustavo Ramallo. Aparte de la dependencia a cargo de González y Ramallo, los familiares de los muertos en el Blowing for Colombine argentino, recibieron información filtrada de entre las aparentemente invulnerables tapias que los hombres de la polícía del agua tienen por códigos, que indica que otra de las dependencias en la que la fuerza de dio «albergue laboral» a Solich fue Prefectura Ituzaingó, Corrientes bajo el mando del Prefecto Ruben Farrus y del Subprefecto Roberto Fernández, como Jefe De Operaciones.
La macabra historia de estos crímenes cuenta con un inmundo apartado referido a la operación impunidad basada en una cadena de encubrimientos y protecciones DIGNA DE LOS TIEMPOS EN QUE LOS MILITARES DE LA DICTADURA 76-83 PRETENDIERON BORRAR TODA HUELLA DE SUS DELITOS. Coincidentemente, la jueza encargada de hacer lo de siempre, es decir sobreseer al asesino menor de edad y luego archivar la causa tiene el mismo apellido que uno de l0s jefes de Solich padre en la PNA: se llama Alicia Ramallo. Desde 2006, con la mayoría de edad del criminal, el Juzgado de Familia Nº 4 de La Plata, a cargo de Silvia Mendilaharzo se hizo cargo del caso en la etapa en la que Solich hijo debía cumplir con obvios controles psiquiátricos y psicológicos. El entorno de la Jueza Mendilaharzo lo negó para evitar una acusación de ineficiencia técnica del juzgado, pero buena parte de los controles fueron burlados y Solich evitaba sesiones con los médicos y psicólogos. Luego, uno de los eslabones de la cadena que sigue beneficiando al despreciable pendejo y sus progenitores es una débil jueza federal de Bahía Blanca llamada Ana María Araujo, quien en 2013 decidió «desistir» de la búsqueda de la profugada familia Solich, cuando era necesario dar nuevos pasos en un proceso judicial tan complejo.
La incomprensible decisión de la jueza Araujo dejó a una parte de la población de Carmen de Patagones en el mayor de los desánimos. En la ciudad, los más observadores ex-vecinos del clan, sindican a Esther Pangue, madre del salvaje, como la impulsora del definitivo paso a la clandestinidad de su tribu.
En 2005, tras la insignificante y casi ridícula sanción de 45 días de arresto que la Prefectura Naval Argentina le impuso a Solich con pompa pública, el clima trocó en circunspecto, cerrado e inaccesible. El Prefecto Nacional Naval de entonces, Carlos Edgardo Fernández, parecía que iba a recibir un pedido de sanción mayor y más ejemplificadora del entonces ministro de Defensa, José Pampuro, por pedido del presidente Néstor Kirchner, interesado, por entonces, en marcar nuevas pautas en la autoridad presidencial por sobre cualquier fuerza armada o de seguridad. Pero definitivamente la cadena de pedido de sanciones no existió, sino que fue en el sentido contrario: desde Prefectura marcaron la pauta. Solich, tras el impresentable arresto, ganó protección pro impunidad como nunca sucedió en la tercera década de democracia contínua.
Los pedidos de auxilio en pos de calmar a la ciudad de una situación tan traumática nunca fueron ni mínimas ni suficientes. Patagones 2004 abrió agujeros políticos que nunca pudo cubrir Felipe Solá como gobernador de la Provincia de Buenos Aires en ese momento, partiendo del choque que el caso le abrió al ministro de educación de la Provincia, Mario Oporto y al conflicto creciente que se generó desde que en la ciudad se decidió hacer todos los 28 de cada mes una marcha de recordación y respeto a las víctimas. Como se sabe por dicho popular, pueblo chico infierno grande, el paso del tiempo causó que muchos habitantes de Patagones pierdan profundidad en el reclamo de justicia y consideraran que el asunto «ya fue». La ausencia de contención hizo que los vecinos de Patagones quedaran enfrentados entre «recordacionistas» e «indiferentes». Ese conflicto bien pudo ser evitado por la acción política nacional y provincial y, certeza plena en la hipótesis, SI PATAGONES TUVIERA UN MILLON DE HABITANTES tanto Cristina Kirchner como Daniel Scioli le habrían mandado a los militantes de La Cámpora y la DOS para colaborar con la recomposicion social del pueblo que mira cómo un homicida hijo de puta vive impunemente en Ensenada bajo la protección de de la Prefectura Naval Argentina, hoy bajo el control del Prefecto Nacional Luis Heiler y la indiferencia olímpica de la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez.
La cadena de impunidad y el arma letal que hirió de muerte a la confianza de la comunidad argentina de Carmen de Patagones en el extremo sur de la hermosa provincia de Buenos Aires, tiene en los personajes nombrados a los protagonistas principales de la trama. El capítulo siguiente es el de los traidores, la interna del caso del crimen de la escuela. Y aparecerá pronto en Diario 5.
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