En septiembre de 2024, la campaña de Amnistía Internacional contra el ciberpatrullaje llegó un momento justo para los derechos digitales: la organización alerta sobre los riesgos reales que la vigilancia policial masiva en redes sociales representa para derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y de asociación. El llamado se centra en la urgencia de regular estas prácticas que muchas veces se desarrollan sin marco legal ni control judicial, un vacío que convierte tareas justificadas de seguridad en acciones de inteligencia policial arbitraria
El informe, distribuido en septiembre de 2024, define el ciberpatrullaje como “monitoreo, observación y análisis de información pública en fuentes digitales abiertas” (OSINT/SOCMINT), empleado por fuerzas de seguridad para identificar acontecimientos que puedan afectar la seguridad interior Sin embargo, tal como señaló Datysoc, estos métodos, que abarcan desde perfiles falsos hasta rastreo de redes, carecen de regulación clara y exceden el propósito de prevención, convirtiéndose en inteligencia policial sin control ni transparencia
Lo alarmante es que esta vigilancia no se limita a sospechosos, sino que alcanza, a veces sin filtros, a periodistas, manifestantes, activistas o adolescentes, generando efectos disuasivos sobre la libertad de expresión y asociación En un conocido caso, la investigación inapropiada a un trabajador de prensa y la detención errónea de un adolescente revelan que el ciberpatrullaje se realiza sin protocolos ni límites, y con consecuencias directas en la vida de las personas
Frente a este escenario, Amnistía propone una batería de recomendaciones que merece la máxima atención: definir claramente por ley qué actividades constituyen inteligencia versus prevención del delito, delimitar qué plataformas digitales pueden ser monitoreadas, y requerir control judicial previo cuando se trate de información personal sensible Asimismo, pide establecer transparencia activa de las actividades de vigilancia y protocolos para el uso de perfiles falsos o seguimiento, junto con sanciones a quienes incumplan estos estándares
Amnistía subraya que el objetivo del ciberpatrullaje —seguridad— no justifica, por sí solo, la erosión de derechos democráticos. Solicita normas que garanticen necesidad, proporcionalidad y supervisión judicial, evitando que la expansión del monitoreo digital se descontrole y amenace principios básicos del Estado de Derecho
¿De qué se trata la advertencia?
Como hablamos del monitoreo masivo de redes sociales y fuentes abiertas por parte de las fuerzas de seguridad sin un marco jurídico claro ni control judicial previo, la organización advierte que estas prácticas, si bien se presentan como necesarias para la seguridad pública, frecuentemente cruzan la delgada línea entre prevención del delito y vigilancia arbitraria, afectando derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión, asociación y, en algunos casos, incluso el derecho al debido proceso.
El informe define con precisión el alcance de estas acciones: ingeniería social, perfiles falsos, recolección de datos personales y análisis de comportamiento. En la práctica, esta forma de inteligencia digital se aplica sin protocolos transparentes y a menudo alcanza a periodistas, activistas, adolescentes y ciudadanos sin vínculo con actividades ilícitas Amnistía cita casos concretos de investigaciones erróneas motivadas por algoritmos o monitoreo sin justificación, lo que provoca daños reales: hostigamiento, desconexión de espacios públicos y, en ocasiones, detenciones infundadas.
La campaña propone una serie de medidas concretas que merecen especial atención desde el enfoque periodístico. Reclama que el Congreso tipifique legalmente el ciberpatrullaje, diferenciándolo claramente de actividades preventivas, y que establezca límites sobre qué datos y plataformas pueden utilizarse. Además, exige un control judicial antes de recolectar datos sensibles y una auditoría pública sobre los procedimientos y perfiles falsos usados. Estas iniciativas no surgen de la nada: en Europa la Corte Europea de Derechos Humanos y regulaciones como el RGPD exigen principios similares de necesidad, proporcionalidad y supervisión de la vigilancia digital.
En la Argentina, el panorama es preocupante. Las fallas del sistema de justicia y la falta de un organismo independiente de supervisión permiten que la tecnología se use sin límites. Amnistía subraya la necesidad de normas que garanticen transparencia activa y sanciones para evitar abusos. Además, recomienda protocolos para proteger periodistas y activistas digitales, incluyendo un entrenamiento específico en seguridad digital y anonimato, alineados con medidas de cifrado, autenticación robusta y dispositivos protegidos
En un entorno en el que Google, Facebook y servicios de inteligencia digital acumulan gigantescas bases de datos, dejar el monitoreo policial sin reglas es abrir una puerta peligrosa a una forma moderna de abuso. La campaña de Amnistía refuerza el diagnóstico: el debate sobre ciberpatrullaje no es solo técnico, es político y cultural. Al proponer límites claros, controles judiciales y transparencia, busca que la Argentina se incorpore a un rango internacional donde los derechos digitales no dependan de la buena voluntad de los gobiernos, sino de marcos normativos sólidos y de corte democrático.
En nuestro país, donde las deficiencias del sistema judicial se combinan con una débil fiscalización institucional, el riesgo es mayor. Amnistía llama a proteger a los comunicadores tanto profesionales como vocacionales. Propone capacitación específica en seguridad digital, anonimato y protección de dispositivos. Todo esto en un entorno donde gigantes tecnológicos como Google y Meta concentran enormes volúmenes de datos, y la vigilancia estatal puede convertirse en un terreno fértil para abusos.
El mensaje es claro: el debate sobre ciberpatrullaje no es técnico, sino político y cultural. Requiere reglas, transparencia y límites. No alcanza con confiar en la buena voluntad de los gobiernos.
Estaríamos necesitando una consulta popular -quizás, a través de una encuesta seria- que nos deje comprender si la Argentina integra (o no) el conjunto de países que entienden los derechos digitales como parte indivisible de los derechos humanos.
INFORME COMPLETO:
https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2024/09/AMNISTIA_Ciberpatrullaje-22092024-1.pdf
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