Mientras haya choques como el que se produjo en Montes de Oca e Iriarte el 27 de Julio, entre colectivos de las líneas 74 y 24, o nos encontremos con denuncias por parte de pasajeros por diversos tipo de incidencias o infracciones que afecten el normal viaje de las personas en la Ciudad de Buenos Aires y el GBA, más levantaremos la voz con referencia a que es absolutamente necesaria la reestructuración de todos y cada uno de los reglamentos, normativas, leyes, resoluciones, decretos, recomendaciones, guías y tratamientos del transporte público, dado que, pese a qujien le pese, no alcanza a un 10% de efectividad la totalidad de reglas de juego planteadas en ese aspecto.
No s´lo estamos en condiciones de decir que todo, absolutamente todo lo referido a transporte en materia legal está mal planteado, mal reglamentado y mal practicado, sino que desde hace unos 75 años, en la Argentina no existe una sola autoridad referida al tema de transporte que demuestre un mínimo de idoneidad, sea en el ámbito nacional, provincial, del ámbito histórico de la vieja Municipalidad de Buenos Aires o del actual sistema constitucional porteño. Abarca esa falta de conocimiento suficiente a todas las corrientes ideológicas, partidos políticos, alianzas, gobiernos democráticos, invasores del poder a través de regímenes de facto y dictaduras que hayan aportado detentores de cargos con supuesta autoridad en transporte.
A los argentinos nos encanta ver cómo en varios países del mundo apelan a directores técnicos argentinos para dirigir equipo de fútbol, incluso selecciones nacionales. Pero de ninguna manera aceptamos las limitaciones que podemos llegar a tener en tantísimas disciplinas por las que nadie en el mundo daría ni 5 centavos si están a cargo de un compatriota. Pues, con el transporte pasa eso. Y no sólo con el transporte pero ese es nuestro tema en este momento.
Cualquiera que haya ejercido el cargo de la Secretaría de Transporte -según de qué extracción provino- tuvo resultado espantosos para el país: o le resulta demasiado gigante como estructura para poder manejarla como corresponde, o se lo devoran las organizaciones dedicadas a explotar la actividad desde negocios altamente rentables en el ámbito privado, o utiliza el cargo del máximo estrato de poder en transporte para pegar un salto político sin dejar definido un rumbo claro y beneficioso o, simplemente, roba desde el cargo.
Claro que no consideramos que haya que llamar a organizaciones extranjeras utraexperimentadas en temas de transporte para que administren los transportes públicos en la Argentina. Lo que sí es necesaria es la rejerarquización de todas las carreras referidas a transportes, licenciaturas especiales, seminarios, etc, para que en las futuras generaciones de posibles gestores en este tema ganemos en calidad de gestión. Aparte, la definitiva reforma de los sistemas de seguros para transportes publicos, ya que esta empresas son las que condicionan la posibilidad de mejorar los servicios, ya que todo depende de las acotadas coberturas en pólizas que estas empresas ofrecen a las compañías de transporte público para casos en los que sea necesario realizar una indemnización a terceros. Por ese motivo se terminaron la apertura de puertas los días de lluvia en cualquier esquina, nadie exige que en los diseños de colectivos haya escalones bajos para personas mayores y nadie hace cumplir reglas de convivencia durante los viajes, como sancionar a quienes viajan con mochilas montadas y lastiman a teceros o les rompen objetos.
Es que para tener a cargo la autoridad de Transporte, sea a nivel Nacional, provinciales o de municipios, hay que enfrentar poderes. Y eso no es posible con gobiernos argentinos desparejos, agrietados y poco convincentes, sea por mostrarse demasiado agresivos o demasiado complacientes.
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