La Comisión Nacional de Regulación de Transporte recibió orden del Ministro del Interior y Transportes de la Nación, Florencio Randazzo, de iniciar acciones legales contra las compañías América Latina Logística (ALL), Trenes de Buenos Aires (TBA), Ferrovías, Transportes Metropolitanos y Metrovías debido a que existen 132 millones de pesos en deudas por multas que aún no fueron pagadas.
Aquí comienza una gran polémica: en la mayoría de los casos en los que diversas empresas beneficiarias de privatizaciones de servicios en la Argentina hayan incumplido con obligaciones establecidas en los contratos e incluso quebrando el cumplimiento de leyes reguladoras, las sanciones han sido apenas mosquitos pretendiendo picar el codo de los titanes. Es curioso observar cuando estas mismas informaciones son planteadas en los grandes diarios de la república Argentina, que muchas personas comentan acerca de las experiencias que han tenido referidas a problemas similares, como por ejemplo el haber reclamado a empresas de telefonía, tanto de base como celulares, por fallas en el servicio, incumplimientos en cuanto a sus obligaciones frente a los usuarios o directamente cobros malhabidos registrados impunemente en las facturas, resulta ser que estos mismos ciudadanos que expresan sus periplos frente a las burocracias que los atajan en casi todo intento de encontrar justicia frente a los monstruos de la vieja privatización, rematan sus relatos remarcando que el resultado de tanto esfuerzo fue un globo pinchado.
Es que entre la natural rentabilidad de las empresas tienen, sumado a los diversos subsidios que en su oportunidad fueron gestionados –precisamente para no perder esos niveles de rentabilidad- ciertas multas que se les aplican, con justa razón, por diversas sanciones no le hacen mella a su estructura económico-financiera y termina no siendo un auténtico castigo empresarial por parte del estado, sino casi más bien todo lo contrario, debido a que estas empresas tras esos pagos de multitas que detienen y frenan cualquier impulso mejorador de cada servicio público ofrecido por una empresa privada, hacen que estos verdaderos vividores, jaladores de la energía de toda una sociedad, lancen campañas públicas de publicidad para demostrar su agenda de cumplimientos con el fisco o cualquier organismo del estado frente al que ellos se demostrarán “absolutamente dispuestos” a que se investigue y se chequee en su totalidad las actividades que realizan. En una palabra: el estado les ofrece más y mejores oportunidades para expandir su hipocresía
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