{"id":692452,"date":"2025-12-08T05:53:00","date_gmt":"2025-12-08T08:53:00","guid":{"rendered":"http:\/\/diario5.com.ar\/?p=692452"},"modified":"2025-12-09T00:17:13","modified_gmt":"2025-12-09T03:17:13","slug":"692452","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diario5.com.ar\/es\/692452\/","title":{"rendered":"El dilema con el comercio callejero"},"content":{"rendered":"

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La decisi\u00f3n del Gobierno porte\u00f1o de reforzar los controles en Once y Flores durante diciembre se inscribe en una pol\u00edtica sostenida de recuperaci\u00f3n del espacio p\u00fablico. Desde la mirada oficial, se trata de garantizar orden, seguridad y circulaci\u00f3n en dos de las zonas comerciales m\u00e1s densas de la Ciudad.<\/p>\n

El ministro Ignacio Baistrocchi lo plantea como un dispositivo planificado y sostenido: primero investigaci\u00f3n, luego acci\u00f3n y finalmente control permanente. Los n\u00fameros acompa\u00f1an esa narrativa: m\u00e1s de 19.000 manteros desalojados en dos a\u00f1os, trece espacios p\u00fablicos liberados y un mercado ilegal estimado en $1.900 millones desarticulado.<\/p>\n

Para el gobierno, la presencia reforzada de inspectores y polic\u00eda es una forma de asegurar que vecinos y comerciantes puedan transitar y trabajar con tranquilidad en fechas de alta actividad.<\/p>\n

Pero la otra mirada es la de quienes quedaron fuera de ese orden. Los manteros, que en Flores llegaron a superar los 5.000 en la avenida Avellaneda, sostienen que la venta callejera es una estrategia de supervivencia frente a la falta de empleo formal y a la precarizaci\u00f3n laboral. Desde organizaciones sociales y referentes barriales se cuestiona que la pol\u00edtica de control se limite a desalojar sin ofrecer alternativas reales de inclusi\u00f3n, como ferias reguladas o programas de reconversi\u00f3n laboral.<\/p>\n

En Once, tras los allanamientos de 2024, muchos vendedores denunciaron que la represi\u00f3n se centr\u00f3 en la mercader\u00eda ap\u00f3crifa pero no en las cadenas de distribuci\u00f3n mayorista que alimentan el circuito informal. La tensi\u00f3n entre el derecho al trabajo y el derecho al espacio p\u00fablico sigue sin resolverse.<\/p>\n

Los comerciantes formales, por su parte, celebran la medida. Para ellos, la venta ilegal representa competencia desleal, afecta la seguridad y degrada el entorno urbano. La liberaci\u00f3n de veredas y la presencia de inspectores son vistas como una garant\u00eda de orden y de defensa de la actividad legal. Sin embargo, tambi\u00e9n reconocen que la presi\u00f3n sobre los manteros no elimina la demanda de productos baratos, que encuentra otros canales de comercializaci\u00f3n.<\/p>\n

El refuerzo de diciembre en Once y Flores sintetiza esa disputa: para el gobierno, es un paso m\u00e1s en la consolidaci\u00f3n de una pol\u00edtica de control sostenido; para los comerciantes, un alivio frente a la competencia informal; para los manteros y organizaciones sociales, un nuevo cap\u00edtulo de exclusi\u00f3n sin alternativas.<\/p>\n

La discusi\u00f3n de fondo es si la Ciudad puede equilibrar la defensa del espacio p\u00fablico con pol\u00edticas que reconozcan la dimensi\u00f3n social y econ\u00f3mica de la venta callejera. Mientras tanto, el dispositivo de control se intensifica, pero la tensi\u00f3n entre orden y subsistencia permanece abierta.<\/p>\n

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