{"id":692279,"date":"2025-06-18T06:11:00","date_gmt":"2025-06-18T09:11:00","guid":{"rendered":"http:\/\/diario5.com.ar\/?p=692279"},"modified":"2025-06-18T06:14:34","modified_gmt":"2025-06-18T09:14:34","slug":"692279","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diario5.com.ar\/es\/692279\/","title":{"rendered":"Amnesty contra el ciberpatrullaje"},"content":{"rendered":"

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En septiembre de 2024, la campa\u00f1a de Amnist\u00eda Internacional contra el ciberpatrullaje lleg\u00f3 un momento justo para los derechos digitales: la organizaci\u00f3n alerta sobre los riesgos reales que la vigilancia policial masiva en redes sociales representa para derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresi\u00f3n y de asociaci\u00f3n. El llamado se centra en la urgencia de regular estas pr\u00e1cticas que muchas veces se desarrollan sin marco legal ni control judicial, un vac\u00edo que convierte tareas justificadas de seguridad en acciones de inteligencia policial arbitraria<\/p>\n

El informe, distribuido en septiembre de 2024, define el ciberpatrullaje como \u201cmonitoreo, observaci\u00f3n y an\u00e1lisis de informaci\u00f3n p\u00fablica en fuentes digitales abiertas\u201d (OSINT\/SOCMINT), empleado por fuerzas de seguridad para identificar acontecimientos que puedan afectar la seguridad interior Sin embargo, tal como se\u00f1al\u00f3 Datysoc, estos m\u00e9todos, que abarcan desde perfiles falsos hasta rastreo de redes, carecen de regulaci\u00f3n clara y exceden el prop\u00f3sito de prevenci\u00f3n, convirti\u00e9ndose en inteligencia policial sin control ni transparencia<\/p>\n

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Lo alarmante es que esta vigilancia no se limita a sospechosos, sino que alcanza, a veces sin filtros, a periodistas, manifestantes, activistas o adolescentes, generando efectos disuasivos sobre la libertad de expresi\u00f3n y asociaci\u00f3n En un conocido caso, la investigaci\u00f3n inapropiada a un trabajador de prensa y la detenci\u00f3n err\u00f3nea de un adolescente revelan que el ciberpatrullaje se realiza sin protocolos ni l\u00edmites, y con consecuencias directas en la vida de las personas<\/p>\n

Frente a este escenario, Amnist\u00eda propone una bater\u00eda de recomendaciones que merece la m\u00e1xima atenci\u00f3n: definir claramente por ley qu\u00e9 actividades constituyen inteligencia versus prevenci\u00f3n del delito, delimitar qu\u00e9 plataformas digitales pueden ser monitoreadas, y requerir control judicial previo cuando se trate de informaci\u00f3n personal sensible Asimismo, pide establecer transparencia activa de las actividades de vigilancia y protocolos para el uso de perfiles falsos o seguimiento, junto con sanciones a quienes incumplan estos est\u00e1ndares<\/p>\n

Amnist\u00eda subraya que el objetivo del ciberpatrullaje \u2014seguridad\u2014 no justifica, por s\u00ed solo, la erosi\u00f3n de derechos democr\u00e1ticos. Solicita normas que garanticen necesidad, proporcionalidad y supervisi\u00f3n judicial, evitando que la expansi\u00f3n del monitoreo digital se descontrole y amenace principios b\u00e1sicos del Estado de Derecho<\/p>\n

\u00bfDe qu\u00e9 se trata la advertencia?<\/strong><\/p>\n

Como hablamos del monitoreo masivo de redes sociales y fuentes abiertas por parte de las fuerzas de seguridad sin un marco jur\u00eddico claro ni control judicial previo, <\/em>la organizaci\u00f3n advierte que estas pr\u00e1cticas, si bien se presentan como necesarias para la seguridad p\u00fablica, frecuentemente cruzan la delgada l\u00ednea entre prevenci\u00f3n del delito y vigilancia arbitraria, afectando derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresi\u00f3n, asociaci\u00f3n y, en algunos casos, incluso el derecho al debido proceso.<\/p>\n

El informe define con precisi\u00f3n el alcance de estas acciones: ingenier\u00eda social, perfiles falsos, recolecci\u00f3n de datos personales y an\u00e1lisis de comportamiento. En la pr\u00e1ctica, esta forma de inteligencia digital se aplica sin protocolos transparentes y a menudo alcanza a periodistas, activistas, adolescentes y ciudadanos sin v\u00ednculo con actividades il\u00edcitas Amnist\u00eda cita casos concretos de investigaciones err\u00f3neas motivadas por algoritmos o monitoreo sin justificaci\u00f3n, lo que provoca da\u00f1os reales: hostigamiento, desconexi\u00f3n de espacios p\u00fablicos y, en ocasiones, detenciones infundadas.<\/p>\n

La campa\u00f1a propone una serie de medidas concretas que merecen especial atenci\u00f3n desde el enfoque period\u00edstico. Reclama que el Congreso tipifique legalmente el ciberpatrullaje, diferenci\u00e1ndolo claramente de actividades preventivas, y que establezca l\u00edmites sobre qu\u00e9 datos y plataformas pueden utilizarse. Adem\u00e1s, exige un control judicial antes de recolectar datos sensibles y una auditor\u00eda p\u00fablica sobre los procedimientos y perfiles falsos usados. Estas iniciativas no surgen de la nada: en Europa la Corte Europea de Derechos Humanos y regulaciones como el RGPD exigen principios similares de necesidad, proporcionalidad y supervisi\u00f3n de la vigilancia digital.<\/p>\n

En la Argentina, el panorama es preocupante. Las fallas del sistema de justicia y la falta de un organismo independiente de supervisi\u00f3n permiten que la tecnolog\u00eda se use sin l\u00edmites. Amnist\u00eda subraya la necesidad de normas que garanticen transparencia activa y sanciones para evitar abusos. Adem\u00e1s, recomienda protocolos para proteger periodistas y activistas digitales, incluyendo un entrenamiento espec\u00edfico en seguridad digital y anonimato, alineados con medidas de cifrado, autenticaci\u00f3n robusta y dispositivos protegidos<\/p>\n

En un entorno en el que Google, Facebook y servicios de inteligencia digital acumulan gigantescas bases de datos, dejar el monitoreo policial sin reglas es abrir una puerta peligrosa a una forma moderna de abuso. La campa\u00f1a de Amnist\u00eda refuerza el diagn\u00f3stico: el debate sobre ciberpatrullaje no es solo t\u00e9cnico, es pol\u00edtico y cultural. Al proponer l\u00edmites claros, controles judiciales y transparencia, busca que la Argentina se incorpore a un rango internacional donde los derechos digitales no dependan de la buena voluntad de los gobiernos, sino de marcos normativos s\u00f3lidos y de corte democr\u00e1tico.<\/p>\n

En nuestro pa\u00eds, donde las deficiencias del sistema judicial se combinan con una d\u00e9bil fiscalizaci\u00f3n institucional, el riesgo es mayor. Amnist\u00eda llama a proteger a los comunicadores tanto profesionales como vocacionales. Propone capacitaci\u00f3n espec\u00edfica en seguridad digital, anonimato y protecci\u00f3n de dispositivos. Todo esto en un entorno donde gigantes tecnol\u00f3gicos como Google y Meta concentran enormes vol\u00famenes de datos, y la vigilancia estatal puede convertirse en un terreno f\u00e9rtil para abusos.<\/p>\n

El mensaje es claro: el debate sobre ciberpatrullaje no es t\u00e9cnico, sino pol\u00edtico y cultural. Requiere reglas, transparencia y l\u00edmites. No alcanza con confiar en la buena voluntad de los gobiernos.<\/p>\n

Estar\u00edamos necesitando una consulta popular -quiz\u00e1s, a trav\u00e9s de una encuesta seria-\u00a0 que nos deje comprender si la Argentina integra (o no) el conjunto de pa\u00edses que entienden los derechos digitales como parte indivisible de los derechos humanos.<\/p>\n

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INFORME COMPLETO:<\/p>\n

https:\/\/amnistia.org.ar\/wp-content\/uploads\/delightful-downloads\/2024\/09\/AMNISTIA_Ciberpatrullaje-22092024-1.pdf<\/p>\n

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