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El nuevo requisito impuesto a los administradores de consorcios parece un avance en t\u00e9rminos de transparencia, pero su impacto real depender\u00e1 de c\u00f3mo los vecinos se apropien de la informaci\u00f3n. No es lo mismo tener acceso a un reglamento que comprenderlo y la burocracia de los consorcios no siempre facilita la participaci\u00f3n activa de los propietarios.<\/p>\n
Si bien la digitalizaci\u00f3n del acceso a estos documentos es una soluci\u00f3n pr\u00e1ctica, no resuelve el problema de fondo: muchos consorcistas desconocen sus derechos o no cuentan con instancias efectivas para hacerlos valer. El paso de calidad ser\u00e1 convertir esta obligaci\u00f3n administrativa en una herramienta que -que m\u00e1s no sea- empodere a los vecinos y no en otro tr\u00e1mite m\u00e1s que pase desapercibido entre facturas y liquidaciones.<\/p>\n
Las quejas contra administradores de consorcios no son nuevas ni exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires. Es un problema que tambi\u00e9n se sufre en Rosario, C\u00f3rdoba, Mar del Plata, Mendoza, San Miguel de Tucum\u00e1n, Santa F\u00e9, Paran\u00e1, Corrientes, Rawson, Jun\u00edn, localidades del AMBA, Bariloche, Neuqu\u00e9n, San Salvador de Jujuy, R\u00edo Gallegos, San Juan y La Rioja. De hecho, no es necesario que la ciudad sea demasiado grande para que el problema de las administraciones de consorcios se impongan.<\/p>\n
De todos modos, en otras grandes urbes como Madrid o S\u00e3o Paulo, reglamentaron medidas similares para mejorar la gesti\u00f3n de edificios, aunque con resultados diversos. En Espa\u00f1a, por ejemplo y seg\u00fan una estad\u00edstica, en algunas comunidades se est\u00e1 imponiendo la autogesti\u00f3n para evitar sobrecostos y conflictos con administradores. El caso del Brasil es que se fortalecieron -como en varios estados de los Estados Unidos-\u00a0 los mecanismos de auditor\u00eda externa.<\/p>\n
En Buenos Aires, la principal dificultad sigue siendo la fiscalizaci\u00f3n. La Ley 941 establece la obligatoriedad de la matr\u00edcula para los administradores y la supervisi\u00f3n de su labor, pero en la pr\u00e1ctica, los controles son insuficientes. Si bien la nueva disposici\u00f3n suma un paso m\u00e1s hacia la transparencia, sin un sistema de monitoreo efectivo, seguir\u00e1 dependiendo de la voluntad de los vecinos denunciar irregularidades.<\/p>\n
Al final del d\u00eda, la clave no es solo recibir documentos, sino contar con mecanismos \u00e1giles y eficaces para exigir su cumplimiento. Mientras \u00e9stos sigan siendo deficientes, las promesas de transparencia quedar\u00e1n en el papel. Ser\u00e1 un tema para seguir de cerca, ya que afecta a m\u00e1s de 300.000 consorcios.<\/p>\n
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