La reducción de complicaciones por esperas de turnos telefónicos, filas en centros de salud y demás gestiones necesarias para la aplicación de la vacuna contra en Covid-19 en la Argentina, es notable y está asegurada.
Afortunadamente, hay un sector de la población que ronda el 56% que se está anticipando a manifestar su decisión de no vacunarse o, por lo menos, confesarse en duda de si hacerlo o no.
Esto significa que no habrá tantas filas para ir a vacunarse, ni tanta espera en las apps de las organizaciones de salud, ni demasiadas demoras telefónicas para gestionar los turnos.
Este es un caso en el que el ejercicio de los derechos referidos a la libertad, por parte de unos, permitirá fluidez para el ejercicio del derecho a ser asistido en caso de necesidad por parte de otros.
En la misma dirección, la encuesta de reacción ante las diferentes posibles vacunas que llegarán a la Argentina, realizada por Ensamble 19 arroja entre sus resultados que el 6% de los argentinos esperará a que la vacuna le sea brindada por su prepaga u obra social, lo que facilitará más las cosas a los que apelen al sentido común de vacunarse en primera instancia.
No hay que discutir más. Es mejor que todos los que no confían en una vacuna determinada o en la vacunación en sí misma, no ocupen ese valioso recurso del Estado. Es más: debería existir una Declaración Jurada por la que se identifique a las personas que no confían en las vacunas y dejar registrada a la persona en cuestión, para que cuando entienda que necesita que se e sea aplicada, sólo pueda resolverlo con un centro de salud o laboratorio de análisis clínicos privado. Hay que terminar con los depredadores conceptuales de los bienes públicos. Una buena manera de que se definan en la valoración de lo que deportivamente desprecian, es invitándolos a renunciar a ellos, con documentación firmada y ante escribano.
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