La inmensa injusticia que la Cirte Suprema de Justicia le perpetra a los porteños no tiene una medida de comparación con algo conocido -hasta ahora- desde el punto de vista de alguna decisión tomada desde un organismo de poder y que pueda afectar a un grupo (pequeño o grande) de ciudadanos.
Hace años que el tribunal superior del país, propietario del predio rodeado por la calle Combate de los Pozos y las Avenidas Juan de Garay, Pichincha y Brasil, «amenaza» con iniciar la construcción de un delirante complejo edilicio, alguna vez llamado «Ciudad Judicial» y no lo hace. Al no hacer eso ni cederle el espacio a la Ciudad de Buenos Aires, los problemas que acarrea el gigantesco espacio verde sin desarrollo, son complejos.
A la CSJN no se le pasa ni por las tapas la idea de gastar un peso en el mantenimiento que requiere semejante «no parque». Entonces, y por razones obvias, es la Ciudad de Buenos Aires la que le brinda los servicios básicos al predio.
Estaríamos ante un híbrido de baldío gigante, si tuviéramos que depender de que Rosatti, Rosenkranz, Maqueda y Lorenzetti decidieran dejar de pagar la nafta de los autos que usan, no ellos, pero sí los secretarios y oficiales «superiores» vinculados a la corte, los 13 abogados que los asesoran, sus asistentes y secretarias e invertir en algo que beneficie a la Ciudad de Buenos Aires en los aspectos urbano, ecológico, estético y de seguridad.
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