¿Existe un choque entre la Ley 5859/2017 de la Ciudad de Buenos Aires en la que se prohíbe a las inmobiliarias cobrar comisión, honorarios y gestión de informes a los inquilinos y la Ley Nacional N° 27.551, conocida como Ley de Alquileres, que actualmente se encuentra en el centro de la polémica más importante que vive la Argentina?
En principio, destaquemos que la inmensa mayoría de la clase dirigente no comprende el concepto de jerarquización que implica el cierre de la pregunta que nos acabamos de plantear. Si entendemos que la ley de Alquileres es el debate más importante que debe darse en el país en este momento, no debería haber nada más de qué hablar.
Aunque aburra.
Esto querría decir que -dado que estamos en etapa preelectoral- las campañas políticas deberían ser acotadas en todos los medios de comunicación y convocar al periodismo de llegada masiva a que instale, de una vez por siempre y para conciencia de todos, las discusiones necesarias -y por el tiempo que sea- para que la sociedad comprenda con facilidad de qué manera se podría resolver un problema en el que, aparentemente, lo único que se vislumbra es la necesidad de la gente sin vivienda propia frente a los deseos de un mercado de propietarios.
¿Se puede legislar contra la tendencia mercantilista que demuestra poder? No. Es estúpido. Hay demasiadas propiedades en manos de personas, empresas y organizaciones que, como no necesitan alquilar con urgencia, retiraran las viviendas de la oferta a la espera de posibles mejoras en la rentabilidad a la que aspiran, ya que la ley los obliga a no avanzar demasiado en el terreno de obtener más que un dinerillo que en la maraña inflacionaria se licua sin piedad. ¿Qué sucede, entonces con el propietario de apenas una o dos viviendas ofrecidas al alquiler? Muy sencillo: o alquila lo que tiene y toma de la renta lo poco que ya se sabe que se le licuará o se pone la camoseta de la decisión de «los grandes» y se banca no ganar un solo seudopeso, evitándose – por un lado- algunos dolores de cabeza pero asumiendo también el bloque de gastos que implica tener más de una propiedad.
Hace ya más de un año, el Gobierno Nacional anunció la «suspensión» de la ley, considerando que perjudica a ambas partes en el contrato de locación. Se supone que abocaron en el armado de un proyecto que brindara satisfacción generalizada a la hora de proponer una reforma. Pero por mucho que se aboque el gobierno a cualquier cosa, lo único abocado -siempre, siempre- es un rico vino semidulce.
En Diputados, la Izquierda se aduce que en vez de atacar a la ley por donde tiene falencias se terminaría de eliminar cualquier rasgo del derecho a la vivienda. Incluso desde los defensores más acérrimos de tal postura no aclararon cuáles serían -para su sector político- esas fallas. Se entendería que alude a que las cargas obligatorias sobre los propietarios lleva a éstos a no querer alquilar nada. Vuelta al concepto inicial:
Al mercado no se lo puede disciplinar. Y menos cuando es inmenso.
El más grave problema que suelen tener las leyes que no salen, es que son tratadas por personas que se fijan más en temas y problemas personales de sus colegas de recinto y signo ideológico contrario, casi siempre para compararlo -según convenga- o con la situación de la población en general o con sus quilombos propios.
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