El veto, un símbolo de ruptura.
El mensaje que circula desde el Comité Ejecutivo del CIN supera la instancia de convocatoria para convertirse en un cuadro descriptivo. Ya es un síntoma. Va quedando cada vez más nítida la imagen de que la Marcha Federal del 17 de septiembre, que unirá a las universidades públicas con el Hospital Garrahan, no se organiza por capricho o rutina gremial.
Se está generalizando la sensación de que el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y al presupuesto del Garrahan representa una línea de quiebre. Tiene olor a global, a unánime. Estamos ante una línea que separa el discurso de la gestión y, probablemente, la promesa de la realidad.
Pero quienes más sorprendidos quedan con estas acciones, reacciones y contrarreacciones de la actual administración, es el esfuerzo que parecen estar haciendo de agrandar la distancia entre la política y el sentido común.
Es más que obvio que el conflicto con las universidades no es nuevo. POr eso, intensificarlo es no entender algunos ribetes (por no decir ninguno) de la política institucional del país. Son muchos los agujeros por donde el bote universitario hace agua: falta de actualización presupuestaria, deterioro de salarios docentes, precarización de la infraestructura y vaciamiento de programas estratégicos. Aunque habría más para marcar, tenemos -hasta ahí- suficientes alarmas para confirmar que la educación superior supera, con creces, el estado de emergencia.
El veto a la ley que buscaba recomponer mínimamente un cierto escenario digno, desfinancia y deslegitima.
¿Y dónde se agrava este problema?
En la justificación. En hacerlo en nombre de una austeridad que no se aplica con la misma vara en otros sectores del poder.
El caso del Hospital Garrahan es aún más sensible. No hay quien ignore que hablamos de una institución que atiende a miles de niños de todo el país, cuya labor barre con todas las fronteras ideológicas. La irracional decisión técnica de vetar su presupuesto es -ya millones de argentinos lo están expresando- una señal política que se lee como un -rarísimo- triple desprecio por lo público, lo federal y lo esencial.
La Marcha Federal conjunta será movilización con foco en los legisladores que deberán decidir si sostienen el veto o lo rechazan. Se van sumando estos capítulos.
¿Será también una prueba para la sociedad?
¿Cuánto más se podría tolerar el ajuste en áreas que definen el futuro y la salud de millones?
Estamos entre quienes consideran que si el gobierno señala la existencia de ñoquis y corruptos en estas instituciones, deberían actuar con celeridad ultra eficiente en auditorías y definir un quién es quién en la supuesta hemorragia de activos.
El 16 de septiembre se producirá un «apagón» simbólico. Hay campaña en redes, trabajo territorial y un llamado a referentes sociales, políticos y religiosos que apunten a construir una narrativa que compita con la cadena nacional rm la que, precisamente, se anunciará el proyecto de ley de presupuesto 2026.
¿Una guerra de relatos?
No. Una disputa por el sentido de lo público.
El mensaje del CIN cierra: “No somos el problema, somos la solución”. Es una afirmación que interpela a quienes gobiernan y también a quienes votan, opinan y deciden qué causas acompañar.
Si universidades y hospitales son vistos como gasto y no como inversión, entonces sí, el afiche en la Plaza de los dos Congresos acierta: estamos para atrás.
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